Apaños y montajes
El hecho de que Luis Bárcenas reconociera ayer ante el juez la autoría de la contabilidad B del PP adquiere una relevancia extraordinaria.
El ex tesorero, quintaesencia de Génova desde los tiempos de Aznar, asume que el partido se financió irregularmente durante años y que una parte del dinero que entregaban los empresarios en el despacho de Álvaro Lapuerta, con él como testigo y fedatario, iba después a engrosar los bolsillos de los máximos dirigentes del partido (en B, por supuesto).
Ahora le toca a Ruz investigar cuánto de cierto hay en todo ello, incluida la acusación a María Dolores de Cospedal de ser la muñidora de la única comisión finalista (pagada por Luis del Rivero) que dice recordar. Ella misma lo negó ayer con rotundidad.
Pero, en definitiva, la bomba Bárcenas ha estallado y su onda expansiva ha llegado con toda su capacidad destructiva hasta La Moncloa.
Si el presidente del Gobierno quiere que los ciudadanos sigan pensando que es una persona digna de ocupar ese cargo, no puede ampararse en el silencio (o las preguntas pactadas). Tiene que dar explicaciones en el Congreso.
La estrategia respecto a Bárcenas por parte del Gobierno y del PP ha sido torpe desde que se conoció su implicación en el caso Gürtel. Entonces tenían que haberse cortado de raíz las relaciones, en lugar de ofrecerle acomodo en Génova, sueldo y secretaria. Por no hablar de los contactos personales del presidente, que ahora le dejan en muy mal lugar.
La razón de la torpeza fue pensar que se podía llegar a un apaño. Bárcenas ha declarado que, a primeros del mes de febrero (tras la publicaciones de las fotocopias de sus papeles en El País), mantuvo una reunión con Javier Iglesias, abogado de Álvaro Lapuerta, en la que estuvo presente Ana Gutiérrez (esposa del imputado Jesús Merino). Según esta versión, Iglesias le ofreció a Bárcenas la reescritura de sus papeles. Es decir, mantener algunas cosas y quitar otras, con el fin de desacreditar al periódico y acusarle de haber urdido un montaje. Por su parte, Iglesias, que admite la reunión, afirma que el que propuso el corta y pega fue el propio Bárcenas.
Ese mismo día por la tarde se volvieron a reunir en el despacho del abogado del ex tesorero del PP Alfonso Trallero. Éste se negó a la chapuza y argumentó que era muy peligroso hacerlo, como demostró, dijo, «la carta falsa de los Albertos».
Durante esos días, recordarán, en el PP se manejó la hipótesis del montaje. Si Bárcenas hubiera seguido adelante, esa tesis habría sido corroborada por los hechos (naturalmente, manipulados).
Ni el PP ni el Gobierno valoraron en su justa medida las repercusiones del caso. Pensaron que el tiempo acabaría por desactivarlo.
Pero Bárcenas subió el tono de su enfrentamiento con el partido. Demandó al abogado del PP, Alberto Durán, y llevó al partido ante la jurisdicción laboral por un supuesto «despido improcedente» (recordemos que estuvo cobrando sueldo y que incluso el PP pagó sus cuotas a la seguridad social durante más de dos años).
Fue –de nuevo, según Bárcenas– el propio Iglesias el que le propuso ya en el mes de marzo la retirada de las denuncias a cambio de 500.000 euros, a modo de compensación.
Según esa versión, Iglesias (que también es abogado de Alfonso García Pozuelo) coordinaba la defensa de los empresarios implicados en el pago de donaciones ilegales al PP.
La estrategia era negarlo todo. Si, por su parte, Bárcenas se mantenía firme en no reconocer la autoría de la contabilidad B, el asunto acabaría por archivarse.
Pero, en esto, llegó la cárcel y Bárcenas ha terminado contando todo lo que sabe (ya veremos si todo lo que dice es cierto). El PP y el Gobierno no pueden seguir insistiendo en el error. Recuperar la confianza requiere una rectificación.